El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará la próxima semana una iniciativa legislativa en las Cortes regionales con la finalidad de rechazar los planteamientos de continuidad del trasvase Tajo-Segura y, al mismo tiempo, priorizar el uso de las desalinizadoras ya construidas en el Levante.
Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante la inauguración del nuevo centro logístico de Werfen para España y Portugal en la localidad conquense de Tarancón; un acto en el que también han participado, entre otros, el director general de la empresa, Carlos Pascual; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Benjamín Prieto; la subdelegada del Gobierno central en la provincia, María Teresa Lidón; el delegado provincial de la Junta, Ángel Tomás Godoy; y el alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo.
El presidente regional ha expresado su deseo de contar con el apoyo “unánime” de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional en este planteamiento “firme” que, ha adelantado, elevará al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “Espero que todo el mundo se moje”, ha subrayado al respecto.
Del mismo modo, ha reiterado su disposición a llegar a consensos en materia hídrica para conseguir que las desalinizadoras, “que tanto dinero han costado a los españoles”, se conviertan en “la gran solución a medio y largo plazo” para la escasez de agua en las regiones del Levante.
Las desalinizadoras que, tal y como ha recalcado García-Page, han costado casi 600 millones de euros, “están haciendo que hoy se beba y se mantenga la industria y el campo” en el Mediterráneo, lo que invita a pensar que, en un futuro, “progresivamente, cada vez sea menos necesario tener que quitar el agua a quien también lo necesita en el conjunto de España”.
En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que trasladará a los responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el rechazo del Gobierno regional a la “amenaza” de restricciones del cincuenta por ciento “para la población” que “pueden incluso afectar a la generación de empleo”. Sobre todo, ha incidido, después de “tantos trasvases irresponsables e ilegales” como los que se han realizado en la cabecera del Tajo.
Así lo ha avanzado el presidente del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, durante la inauguración del nuevo centro logístico de Werfen para España y Portugal en la localidad conquense de Tarancón; un acto en el que también han participado, entre otros, el director general de la empresa, Carlos Pascual; el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el presidente de la Diputación provincial de Cuenca, Benjamín Prieto; la subdelegada del Gobierno central en la provincia, María Teresa Lidón; el delegado provincial de la Junta, Ángel Tomás Godoy; y el alcalde de la localidad, José Manuel López Carrizo.
El presidente regional ha expresado su deseo de contar con el apoyo “unánime” de todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento regional en este planteamiento “firme” que, ha adelantado, elevará al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “Espero que todo el mundo se moje”, ha subrayado al respecto.
Del mismo modo, ha reiterado su disposición a llegar a consensos en materia hídrica para conseguir que las desalinizadoras, “que tanto dinero han costado a los españoles”, se conviertan en “la gran solución a medio y largo plazo” para la escasez de agua en las regiones del Levante.
Las desalinizadoras que, tal y como ha recalcado García-Page, han costado casi 600 millones de euros, “están haciendo que hoy se beba y se mantenga la industria y el campo” en el Mediterráneo, lo que invita a pensar que, en un futuro, “progresivamente, cada vez sea menos necesario tener que quitar el agua a quien también lo necesita en el conjunto de España”.
En la misma línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha adelantado que trasladará a los responsables del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente el rechazo del Gobierno regional a la “amenaza” de restricciones del cincuenta por ciento “para la población” que “pueden incluso afectar a la generación de empleo”. Sobre todo, ha incidido, después de “tantos trasvases irresponsables e ilegales” como los que se han realizado en la cabecera del Tajo.
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