
MANIFIESTO
A día de hoy y dos años después de que España ratificara en Europa mediante el Tratado de Estambul la necesidad de tomar medidas sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia machista, el Gobierno sigue mirando hacia otro lado, invirtiendo mucho tiempo y dinero en campañas políticas pero ni un solo minuto en un Pacto de Estado que podría haber cambiado la vida de las mujeres asesinadas y de las que viven todavía en situaciones de riesgo de asesinato por violencia así como de sus hijos, o de las mujeres que se ven sexualmente agredidas, especialmente en fiestas locales y son vistas por parte de la sociedad, todavía y lamentablemente, como “provocadoras” de esos actos en vez de víctimas, o de las personas transexuales y homosexuales que sufren la homofobia y la violencia machista.
Esperemos que la iniciativa aprobada por unanimidad en el Congreso de Diputados y Diputadas la pasada semana sobre un Pacto de estado contra las violencias machistas sea algo más que papel mojado y se convierta, de verdad, en recursos destinados a combatirlas y a dar espacios de recuperación y vida digna a las víctimas supervivientes y a sus criaturas.4
Y nos siguen matando. Y seguimos callando entre homenajes de minutos de silencio que serán respetuosos, pero no salvan a nadie ni cambian el número de asesinatos de mujeres asesinadas a manos de hombres, haya o no haya relación intima de por medio.
Según los datos publicados por el Ministerio de Interior, 38 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2016. Los datos de violencia machista arrojan, sin embargo, 92 victimas, en un contexto de políticas y actuaciones institucionales prácticamente inexistentes, con un gobierno que ha ignorado su responsabilidad para combatir y eliminar la violencia contra las mujeres, una prioridad que debe considerarse una cuestión de Estado.

Violencia machista es la violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, producida por medios físicos, económicos o psicológicos, incluidas las amenazas, intimidaciones y coacciones, tenga como resultado un daño o padecimiento físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el privado. Los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, la trata de mujeres y menores con fines de explotación sexual, el acoso y las agresiones sexuales, requieren que, progresivamente, se vaya realizando un acercamiento a todas estas formas de violencia, desde el ámbito del conocimiento, y, también desde el de la atención especializada. Prácticas como las descritas, así como la inmolación, la mutilación con ácido, los crímenes de honor, la esclavitud y la explotación sexual constituyen formas particularmente crueles e inaceptables de esta violencia.
Es por todo ello que hoy nos reunimos en esta plaza “25 de Noviembre, Contra la Violencia de Género”, en la que reivindicamos que el tema de las mujeres y su conjunto son importantes, al menos para nosotras.
Los nombramientos del último gobierno de Rajoy, tanto en materia de igualdad, como en el conjunto del gobierno con un desprecio absoluto a la igualdad entre hombres y mujeres (sólo un 18% de mujeres en puestos de ministerios y secretarías de estados) no contribuye a visibilizar el compromiso de los poderes públicos con la igualdad y la lucha contra la violencia de genero. Al contrario, es una buena muestra de cómo se entiende en el PP la política de igualdad: sólo en el papel, sin recursos, sin compromisos claros, con medidas de acción positiva, con evaluación y revisión continuas.
Hace falta una evaluación inmediata de los planes de Igualdad (en Albacete caducó en 2012), así como una nueva estrategia contra la violencia de género y una revisión de la ley integral consensuada con los grupos políticos y el movimiento feminista y los técnicos-as que trabajan en la lucha contra la violencia de género y en la atención a las víctimas.
A nivel educativo, existe una carencia de aprendizaje y adquisición de valores patente en la reproducción de pautas de comportamientos machistas en jóvenes y de relaciones en que se establecen pautas de poder, dominación, control… es la consecuencia de “no intervenir efectivamente” desde los poderes públicos creando marcos de igualdad y promoviendo relaciones de respeto. El abandono de la enseñanza de Educación para la ciudadanía, suprimida con la LOMCE, es también un error y un factor añadido a la falta de actuaciones preventivas en esta materia.
Desde la Red Feminista de Albacete no podemos quedarnos de brazos cruzados. Los recortes en políticas de igualdad y contra la violencia de género, sumados a la falta de compromiso en la prevención de dicha violencia por parte del Gobierno del Partido Popular, impiden reducir la violencia estructural que se ha visto agravada por factores como el desempleo de las mujeres, la precariedad laboral, la feminización de la pobreza, la desprotección social, los retrocesos en educación para la igualdad y la pérdida de derechos laborales y sociales.
Exigimos una nueva Ley de Igualdad y de Prevención y protección ante las Violencias Machistas. Exigimos incluir en la agenda política la prevención como prioridad y, con ello, la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, desde la educación y en todos los ámbitos de la vida, de manera transversal, puesto que únicamente con la implicación y trabajo de todos los agentes acabaremos con esta lacra que nos envuelve en pleno siglo XXI. La violencia de género no es algo que nos ataña solo a las víctimas, debe ser UNA CUESTION DE ESTADO, puesto que solo con la concienciación colectiva y la erradicación del patriarcado que agoniza al grito de nuestros derechos, conseguiremos una sociedad realmente igualitaria y equitativa.
Pero no debemos conformarnos con eso, exigimos ser escuchadas, y formar parte activa de la negociación de las nuevas medidas legislativas y de gobierno que respalden a las mujeres que denuncian, a las que están en situación de riesgo de violencia, a las que ven amenazado su entorno, su familia o su capacidad de decisión y autonomía, para asesorarlas, apoyarlas legal y psicológicamente, dotándolas de una red de apoyo que no las deje fuera del sistema y de los servicios sociales, ofreciéndoles aquellas medidas dispuestas y creadas por profesionales específicos en materia de género.
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