Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad han firmado un convenio de colaboración con la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDGlobal encaminado a establecer un marco estable de colaboración para la búsqueda de estas personas, la prevención de situaciones de riesgo, la atención a las familias y la sensibilización social sobre esta causa que afecta en España a más de 10.000 familias.
En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Justicia se compromete a apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas con las búsquedas y desapariciones internacionales y a facilitar información de carácter legal.
En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Justicia se compromete a apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas con las búsquedas y desapariciones internacionales y a facilitar información de carácter legal.
Dentro del marco previsto en la legislación procesal y en la legislación vigente en materia de protección de datos, el Ministerio del Interior informará sobre las denuncias de personas desaparecidas para contribuir a la difusión de las búsquedas, creará proyectos de índole formativo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinará las actuaciones de difusión pública, actuación de búsqueda y prevención de nuevas desapariciones.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se compromete a coordinar actuaciones que redunden en la atención a las familias de personas desaparecidas, a la protección de grupos vulnerables y a facilitar las ayudas susceptibles de paliar situaciones de daño o sufrimiento relacionadas con las búsquedas y desapariciones.
La Fundación QSDGlobal aportará una ayuda directa y continuada en la búsqueda de personas desaparecidas. Para que se pueda conseguir la colaboración necesaria, se creará una comisión de seguimiento y control constituida por un representante de cada una de las partes firmantes. El convenio tendrá una duración de 5 años.
Durante el acto de firma del convenio, que ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; y el presidente de la Fundación QDSGlobal, Francisco Lobatón, la representante del Ministerio de Justicia se ha referido a la tragedia que la desaparición de una persona supone para sus allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y jurídica de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, ha destacado el deber y la responsabilidad de las instituciones públicas de llevar a cabo las gestiones necesarias, poniendo todos los medios disponibles, para hallar a las personas desaparecidas y mejorar la atención a las familias de las víctimas.
Carmen Sánchez-Cortés considera que el convenio recién firmado supone una respuesta global a este fenómeno ya que favorecerá el desarrollo de medidas normativas, operativas, policiales y de mejora en el tratamiento de las desapariciones y asistencia a los familiares. En este sentido, ha resaltado cómo esta ley incluye por primera vez y de forma expresa a los familiares de las personas desaparecidas como víctimas indirectas, amparándoles en los servicios de información, asistencia y apoyo con una evaluación individualizada encaminada a la adopción de medidas adecuadas a sus circunstancias concretas.
Igualmente, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito ha permitido la mejora de la respuesta institucional de los poderes públicos ante las víctimas, constituyendo un valioso instrumento de apoyo a los familiares de las personas desaparecidas. Estas oficinas permitirán diseñar los protocolos específicos y las guías de actuación al servicio de los familiares.
Por último, y ante el carácter internacional y transfronterizo de algunas de estas desapariciones, la secretaria de Estado de Justicia ha reafirmado el compromiso de su departamento por seguir impulsando las iniciativas más adecuadas en el ámbito de sus competencias en materia de cooperación jurídica internacional.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se compromete a coordinar actuaciones que redunden en la atención a las familias de personas desaparecidas, a la protección de grupos vulnerables y a facilitar las ayudas susceptibles de paliar situaciones de daño o sufrimiento relacionadas con las búsquedas y desapariciones.
La Fundación QSDGlobal aportará una ayuda directa y continuada en la búsqueda de personas desaparecidas. Para que se pueda conseguir la colaboración necesaria, se creará una comisión de seguimiento y control constituida por un representante de cada una de las partes firmantes. El convenio tendrá una duración de 5 años.
Durante el acto de firma del convenio, que ha contado con la participación de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; la secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; y el presidente de la Fundación QDSGlobal, Francisco Lobatón, la representante del Ministerio de Justicia se ha referido a la tragedia que la desaparición de una persona supone para sus allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y jurídica de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, ha destacado el deber y la responsabilidad de las instituciones públicas de llevar a cabo las gestiones necesarias, poniendo todos los medios disponibles, para hallar a las personas desaparecidas y mejorar la atención a las familias de las víctimas.
Carmen Sánchez-Cortés considera que el convenio recién firmado supone una respuesta global a este fenómeno ya que favorecerá el desarrollo de medidas normativas, operativas, policiales y de mejora en el tratamiento de las desapariciones y asistencia a los familiares. En este sentido, ha resaltado cómo esta ley incluye por primera vez y de forma expresa a los familiares de las personas desaparecidas como víctimas indirectas, amparándoles en los servicios de información, asistencia y apoyo con una evaluación individualizada encaminada a la adopción de medidas adecuadas a sus circunstancias concretas.
Igualmente, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito ha permitido la mejora de la respuesta institucional de los poderes públicos ante las víctimas, constituyendo un valioso instrumento de apoyo a los familiares de las personas desaparecidas. Estas oficinas permitirán diseñar los protocolos específicos y las guías de actuación al servicio de los familiares.
Por último, y ante el carácter internacional y transfronterizo de algunas de estas desapariciones, la secretaria de Estado de Justicia ha reafirmado el compromiso de su departamento por seguir impulsando las iniciativas más adecuadas en el ámbito de sus competencias en materia de cooperación jurídica internacional.
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