El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy el proyecto de ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, una normativa pionera en España que se remitirá a las Cortes regionales para su trámite parlamentario y aprobación definitiva.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado hoy en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, el proyecto de ley junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y los directores generales de Atención a la Dependencia y Mayores y Personas con Discapacidad, Ana Saavedra y Javier Pérez, respectivamente.
“Es una ley pionera, una ley sencilla, que va a dar tranquilidad a las familias y, además, protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Sánchez, quien ha resaltado que es “fruto de la voluntad política y personal del presidente de Castilla-La Mancha para dar tranquilidad a las familias y una respuesta a la angustia de muchos padres que se preguntan qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos”.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La consejera de Bienestar Social ha explicado que la ley da respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.
Ha explicado que la ley se configura como “un instrumento jurídico en el ámbito de las competencias en materia de Servicios Sociales que confiere el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que permita a la persona con discapacidad que presente limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones, configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida”.
“Es una ley novedosa porque no existe en todo el territorio español algo similar”, ha afirmado Sánchez, quien ha explicado que, para el desarrollo de la ley, se plantean “dos grandes objetivos, sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial”.
De este modo, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro.
También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares.
Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares.
El presupuesto para 2018 -que permitirá el desarrollo de la ley- asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.
En Castilla-La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que engloban a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.
“Esperemos que esta ley cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes, esta es la ley más social de Castilla-La Mancha, es una ley que da tranquilidad a las familias”, ha recalcado la consejera de Bienestar Social, quien también ha destacado la colaboración de las fundaciones tutelares y la participación del CERMI Castilla-La Mancha en la elaboración de la ley.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado hoy en el Palacio de Fuensalida de Toledo, sede de la Presidencia regional, el proyecto de ley junto a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y los directores generales de Atención a la Dependencia y Mayores y Personas con Discapacidad, Ana Saavedra y Javier Pérez, respectivamente.
“Es una ley pionera, una ley sencilla, que va a dar tranquilidad a las familias y, además, protección y apoyo garantizado a las personas con discapacidad de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Sánchez, quien ha resaltado que es “fruto de la voluntad política y personal del presidente de Castilla-La Mancha para dar tranquilidad a las familias y una respuesta a la angustia de muchos padres que se preguntan qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos”.
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
La consejera de Bienestar Social ha explicado que la ley da respuesta al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.
Ha explicado que la ley se configura como “un instrumento jurídico en el ámbito de las competencias en materia de Servicios Sociales que confiere el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que permita a la persona con discapacidad que presente limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones, configurar de forma dinámica los apoyos que pueda necesitar a lo largo de su vida”.
“Es una ley novedosa porque no existe en todo el territorio español algo similar”, ha afirmado Sánchez, quien ha explicado que, para el desarrollo de la ley, se plantean “dos grandes objetivos, sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial”.
De este modo, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro.
También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares.
Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares.
El presupuesto para 2018 -que permitirá el desarrollo de la ley- asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.
Beneficiarios
Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36 % del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.
En Castilla-La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que engloban a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.
“Esperemos que esta ley cuente con la unanimidad de todos los grupos políticos en las Cortes, esta es la ley más social de Castilla-La Mancha, es una ley que da tranquilidad a las familias”, ha recalcado la consejera de Bienestar Social, quien también ha destacado la colaboración de las fundaciones tutelares y la participación del CERMI Castilla-La Mancha en la elaboración de la ley.
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