Conmemoramos el XXXIX de nuestra Constitución, un pacto nacido del consenso entre todas los partidos políticos que ha tutelado el mayor período de desarrollo social, político y económico de la historia de nuestro país y al que no renunciamos pese a ser conscientes de la oportunidad de una revisión para un nuevo marco de convivencia de todos los españoles.
Es evidente que los conflictos actuales en la sociedad española, no solo territoriales sino también sociales, de garantías de derechos ciudadanos y de libertades, están propiciando un amplio acuerdo sobre la necesidad de reformar nuestra Constitución después de 39 años de vigencia si no como única solución, sí como un necesario elemento de regeneración de nuestra vida pública, política y social.
La crisis económica y su posterior gestión han hecho preguntarse a millones de ciudadanos que se han visto desprotegidos de sus derechos, sobre el valor de una Constitución que además de sus declaraciones formales sobre los derechos fundamentales no tiene fuerza jurídica suficiente para proteger a los más débiles en temas como el trabajo, la vivienda, la educación, la sanidad, la igualdad e incluso sobre la propia libertad de expresión.
El filósofo ilustrado Rousseau afirmaba que “va en contra de la naturaleza del cuerpo social imponerse leyes que no pueda revocar» y después de 39 años no parece propio invocar la inmutabilidad de nuestra Carta Magna.
Si acordamos que la Constitución se puede cambiar, puesto que esta posibilidad se recoge en el título X, art 168, no hace falta recurrir a otras vías extra constitucionales -todo cabe dentro de nuestra Constitución y fuera de ella nada-;y si damos por bueno que la nueva realidad social y política necesita de un nuevo encaje de nuestra Carta Magna, la pregunta es qué es lo que hay que cambiar y cómo.
El cómo es lo más fácil de responder según el amplio consenso de expertos juristas y constitucionalistas que es acudiendo al art.168 de nuestra propia Constitución y es el qué, lo que suscita mayor polémica, debate y controversia.
La futura reforma constitucional, que deberá ser refrendada por un amplio consenso de los ciudadanos si no quiere verse dañada en su legitimidad, tendrá que buscar complicidades para superar la actual desafección política de los españoles.
De esta forma el nuevo texto deberá adaptarse a las nuevas realidades y deberá ser un proyecto basado en el Estado Social superando los presupuestos neo-liberales que impide su consolidación jurídico-constitucional en nuestra Carta Magna.
El estado del siglo XXI se nos antoja débil para controlar el poder cuando ese es el origen del estado moderno nacido de la revolución francesa, y así lo perciben los ciudadanos cuando en nuestro país se ha registrado un preocupante incremento de la desigualdad, cuando la definición de nuestro sistema fiscal en su principio de progresividad no afecta ni a las rentas más altas ni a las empresas con mayores beneficios y cuando los derechos fundamentales que nos otorga carta de ciudanía no están ni suficientemente protegidos ni consolidados.
La futura reforma de nuestra Carta Magna, si se quiere revivir el espíritu del pacto cívico del 78 y suscitar un amplio consenso, deberá constitucionalizar la cohesión social como objetivo fundamental del Estado del bienestar y blindar financieramente el Estado social, asegurando la viabilidad económica de los servicios sociales públicos fundamentales e incluyendo una cláusula de no regresividad de los derechos sociales.
Nuestra Constitución reconoce en su art.140 la autonomía local, pero este no será un derecho plenamente real mientras no se garantice el principio de la suficiencia financiera tal y como ha reconocido el Tribunal Constitucional afirmando que“la suficiencia financiera es el presupuesto indispensable para el ejercicio de la autonomía local”
También en la reforma del Senado si de verdad queremos que funcione como una Cámara de representación territorial, habrá que buscar fórmulas que den cabida a los ayuntamientos puesto que son el tercer pilar de la organización territorial del Estado. En caso contrario la pretendida reforma será incompleta y solo dará satisfacción a la comunidades autónomas y las entidades locales, la representación del Estado más cercana a los ciudadanos, seguirán siendo la cenicienta del conjunto de las administraciones públicas.
Hay que poner como prioridad los derechos de los ciudadanos sobre el de los territorios, porque este antagonismo artificial no es más que una perversión dialéctica que esconde justamente los principios que debe buscar la reforma constitucional: mayor igualdad y derechos para los ciudadanos y un estado solidario con los más débiles y desprotegidos.
Por otra parte es prioritario establecer como derecho fundamental el derecho a la salud, de la misma manera que lo es la educación universal y reconocer y garantizar la función social del derecho a disfrutar de una vivienda digna.
En la futura reforma hay derechos fundamentales nuevos que habría que incorporar como el de un medioambiente sostenible o el de la autonomía personal dentro de las políticas públicas sociales.
Una nueva sensibilidad social no puede aceptar por el principio de igualdad la prevalencia del varón sobre la mujer en el orden sucesorio de la Corona ni admitir la pervivencia en nuestro texto constitucional de la pena de muerte (Art. 15)
Creo sinceramente que constitucionalizar un nuevo Estado Social y un modelo federal para el funcionamiento del estado autonómico es la mayor garantía para evitar tensiones territoriales y sociales y lo único que puede suscitar un amplio consenso de las nuevas generaciones y reeditar el espíritu de acuerdo que alumbró nuestra Carta Magna de 1978.
Santiago Cabañero Masip
Presidente de la Diputación Provincial de Albacete
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