El Ayuntamiento de Albacete solicitará al Gobierno de España aumentar en los Presupuestos las partidas contra la violencia de género

/Albacete

Las tres mociones presentadas por el PSOE al Pleno Municipal celebrado esta mañana obtuvieron el respaldo unánime de todos los grupos políticos, por lo que el Ayuntamiento de Albacete solicitará al Gobierno de España que aumente en los Presupuestos Generales del Estado las partidas destinadas a combatir la violencia de género y a la promoción de políticas de igualdad, hasta alcanzar los 120 millones de euros. Asimismo, el Consistorio también se implicará para regular la profesión de educación social; y, en tercer lugar, el Pleno también acordó de forma unánime respaldar la moción que presentaban conjuntamente todos los grupos políticos municipales, para facilitar un cambio en la legislación que permita que los menores puedan acceder, acompañados por sus tutores, a salas de conciertos.

La primera propuesta, que fue presentada de forma conjunta con el Grupo Municipal Ganemos, y es fruto, a su vez, de una petición de la Red Feminista de Albacete, fue defendida por el concejal socialista Manuel Martínez, que lamentó el hecho de que “cada vez se hace más duro guardar un minuto de silencio por una mujer asesinada, cuando ves que no se está haciendo lo suficiente para evitar que, en breve, haya otra víctima. En ocasiones, incluso, da la sensación que solo nos acordamos de aquellas mujeres por las que ya no podemos hacer nada, porque el machismo ha terminado con su vida y no por aquellas que están sufriendo el maltrato de forma silenciosa en sus casas”.

Además, Martínez añadió que “las políticas actuales marcadas y financiadas por el Gobierno de España solo ponen la atención en la consecuencia del machismo, en el final de esa larga agonía que ha sufrido la mujer que finalmente es asesinada. Por ello, con esta moción pedimos más dinero, más presupuesto,

para centrar la atención en la causa de la violencia y no solo en su fatal desenlace”.
De hecho, el edil socialista argumentó que “en los Presupuestos Generales del Estado para 2017, que se encuentran en tramitación en el Senado y cuya aprobación es inminente, la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros”, lo que tan solo supone un 0.00011% del total de Presupuesto.

Este dato implica, tal y como expuso Martínez, que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención de la violencia de género en los ámbitos educativo, sanitario y para realizar campañas informativas y de sensibilización en los medios de comunicación. Asimismo, esta dotación presupuestaria insuficiente también originará que no se pueda mejorar la respuesta policial y judicial y que no se cubrirá el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la Ley de Igualdad.

De ahí que Manuel Martínez concluyera su intervención señalando que a través de esta iniciativa el PSOE se suma a quienes luchan con la voluntad de no tolerar la inactividad o la indiferencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia, para frenar la violencia machista en todas sus formas y para acabar con la desigualdad y el machismo que están en su origen.
Una moción para regular el ejercicio de la profesión de educador social.

REGULACIÓN DE EDUCADOR SOCIAL

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete, Marisa Sánchez, expuso el contenido de la segunda moción socialista, encaminada a la regulación de la profesión de educador social.

Para ello, en la propuesta socialista, tal y como expuso la edil Marisa Sánchez, se solicitaba que el Pleno del Ayuntamiento adoptase, como hizo por unanimidad, el compromiso de recoger la figura de educador social en el catálogo de puestos de trabajo y en su relación de puestos de trabajo; así como que en las ofertas municipales de trabajo, para desempeñar las funciones de educador social, el Ayuntamiento exija la titulación académica requerida para tal fin; y, por último, que el Pleno Municipal inste al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a que redacte una Ley de regulación de la profesión de educador social.

En este punto, Marisa Sánchez recordó que la Educación Social obtuvo el reconocimiento académico y formativo, a través de la aprobación de un Real Decreto, en 1991, en el que quedaba establecido el diseño curricular de las formaciones para la diplomatura universitaria de Educación Social, que
actualmente tienen la consideración académica de Grado de Educación Superior.

“Las educadoras y los educadores sociales intervienen de forma directa, para actuar sobre determinadas situaciones sociales, a través de estrategias de carácter educativo. Además, se organizan en colegios profesionales, que promueven el desarrollo de la disciplina y fomentan las buenas prácticas. Cabe destacar la presencia de la Educación Social en los servicios sociales municipales. Su incorporación a los equipos profesionales de servicios sociales de los ayuntamientos ha sido progresiva a lo largo de los últimos 20 años, siendo en la actualidad un perfil habitual y fundamental”, aseveró la concejala socialista.

No obstante, Sánchez precisó que “la falta de regulación de la profesión provoca que no estén claros los límites y el alcance de la misma, produciéndose intrusismo profesional y desconocimiento a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional, así como de las funciones asignadas a la misma”.

Frente ante esta situación, Marisa Sánchez aseveró que el PSOE es partidario de poner los medios para que “la de educador social pueda ser una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos a través de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la educación formal de diplomatura o grado. El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regulación por parte de las administraciones”, concluyó la viceportavoz municipal del PSOE.