Los funcionarios, laborales, personal estatutario y personal docente de la Administración regional han cobrado, por tanto, en la nómina del mes pasado, el importe correspondiente al 25,14% de esta paga extraordinaria, que fue suprimida en diciembre de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy a todos los empleados públicos del Estado.
El Gobierno de Castilla-La Mancha alcanzó el pasado mes de febrero en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos un acuerdo para mejorar a lo largo de la legislatura las condiciones retributivas y laborales de todos los empleados públicos de la Junta de Comunidades.
Entre las mejoras incluidas en este acuerdo, en el que también se contempla la recuperación del 3% salarial, del complemento de incapacidad temporal y de los días adicionales de vacaciones y asuntos particulares por antigüedad, se encuentra la devolución del 50% de esta paga extraordinaria que aún quedaba por abonar a los empleados públicos.
Esta devolución, según se recoge en el documento firmado con los sindicatos, se produciría en dos partes, una en el mes siguiente a la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2016 y otra en el último trimestre del año si la situación económico-financiera y presupuestaria lo permite o, en cualquier caso, en enero de 2017.
Además, el pasado mes de octubre, el Ejecutivo regional pagó otro 26,23% de esta paga extraordinaria pendiente, siendo uno de los primeros Ejecutivos autonómicos en decidir devolver este porcentaje tras el Real Decreto que permitió a cada Administración pública acordar el abono.
La recuperación de los derechos arrebatados a los empleados públicos en la anterior legislatura ha sido una de las prioridades del Gobierno de García-Page, que, entre otros avances, ha readmitido a 189 interinos despedidos ilegalmente por el anterior Ejecutivo en 2012, ha aprobado una Oferta de Empleo Público con 1.750 plazas en Educación, Sanidad y Administración General y recuperó la jornada de 35 horas semanales, anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional tras el recurso interpuesto por el Gobierno central en funciones.
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