El Grupo Municipal de Ganemos Albacete ha anunciado esta mañana la presentación de un recurso contencioso-administrativo frente a la inadmisión del recurso que el grupo presentó el pasado mes de enero contra la adjudicación del contrato de gestión del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos.
La portavoz municipal, Victoria Delicado, ha señalado que “desde Ganemos venimos insistiendo en la necesidad de revisar el contrato, en especial a lo que se refiere a la naturaleza jurídica por la que se ha optado, porque compromete al Ayuntamiento durante 20 años, reduciendo así el control del servicio que debe ejercer la administración en lo que es posiblemente el contrato más importante del Ayuntamiento atendiendo a su cuantía”.
La razón política por la que Ganemos Albacete ha decidido continuar con el proceso se basa en la necesidad de garantizar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía y en la mejor gestión del dinero público. “Estas dos premisas son de difícil cumplimiento si nos atamos a un contrato de tal larga duración, que no sólo hipoteca las decisiones de las próximas Corporaciones, sino también las de la ciudadanía"
A este respecto Victoria Delicado ha añadido que “tenemos la convicción de que el contrato debería durar entre cuatro y seis años, dependiendo de la prórroga, porque en esas condiciones hay mayor margen de maniobra para poder introducir innovaciones en el servicio, revisar precios, mejorar medios…”
Toques de atención de la UE
Desde un punto de vista jurídico, la asesora de Ganemos, Maite Márquez, ha precisado que el recurso que hoy se presenta es contra la inadmisión de un recurso previo, donde se argumentó la nulidad del contrato alegando que incumplía la normativa europea.
Maite Márquez ha asegurado que en materia contractual ha habido varios toques de atención, e incluso sanciones, por parte de la Unión Europea al Estado Español, “aunque en lugar de asumir y rectificar ese mal hacer, aquí se sigue haciendo oídos sordos. Y el ejemplo más reciente lo tenemos con lo que ha ocurrido con el vertedero de Seseña.
Maite Márquez ha expresado la convicción de Ganemos de que el Ayuntamiento debería optar por un contrato de servicios y no por un contrato de gestión, añadiendo que “entender esta diferencia es fundamental, porque es la legislación europea la que lo regula y la que establece además limitaciones, limitaciones que en el caso que nos ocupa sería de 4 años más 2 de prórroga. Esto se traduciría en en mayor control para la ciudadanía y favorecería también una mayor competencia entre empresas interesadas en concurrir a sucesivas adjudicaciones”.
Asimismo, la abogada ha comentado que “existe jurisprudencia que respalda nuestros argumentos de que no puede ser contrato de gestión porque no existe ningún tipo de riesgo o ventura para la parte adjudicataria, ya que el precio está pactado para los 15 años, pase lo que pase. Es un disparate que se nos ate de pies y manos en un contexto cambiante, en el que ya vuelven a sonar comentarios de recortes y de atajar el déficit”.
Ninguneo por no entrar en el fondo
Por su parte, el viceportavoz del Grupo municipal de Ganemos Albacete, Álvaro Peñarrubia, ha puntualizado que este recurso no afecta a la prestación del servicio porque en él no se solicitan medidas cautelares, lo que significa que el contrato con la empresa Valoriza seguirá su curso.
También ha lamentado Peñarrubia el ninguneo que en la resolución judicial se hace a Ganemos Albacete que es, al fin y al cabo, quien representa a la parte social.
A este respecto Maite Márquez ha señalado que “la resolución es a todas luces incongruente porque al mismo tiempo que señala que es cosa juzgada por las alegaciones presentadas por las empresas, y lo hace extensible a nuestro recurso, reconoce que no se entra en el objeto planteado por Ganemos como es la nulidad de la contratación por su naturaleza jurídica”.
El viceportavoz ha querido dejar claro que Ganemos es consciente del alcance de su decisión de recurrir, y que lo hace desde la responsabilidad de que este contrato no es legal y tampoco óptimo para la prestación del servicio a lo largo de 20 años, ni desde el punto de vista ambiental, laboral ni económico. De hecho, ahora mismo se está pagando un sobrecoste por el servicio existente porque alguien ya cometió el mismo error.
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