PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 1
El inicio de la crisis financiera ha puesto de relieve las graves carencias que presenta el sistema tributario del Estado español en la actualidad. En 2015, tras años de recortes focalizados en el gasto social (educación, sanidad y servicios sociales), España mantiene un nivel de gasto público sobre el PIB cuatro puntos porcentuales inferior al promedio de la UE-27. Pese a ese esfuerzo, que ha recaído desproporcionadamente sobre las clases populares, el déficit público en 2015 ha sido el segundo más alto de la UE, sólo por detrás de Grecia, precisamente la economía a la que más sacrificios sociales se le ha exigido para reducir su déficit.
Constatado el fracaso de las medidas de austeridad, se mantiene sin embargo el objetivo de alcanzar el equilibrio presupuestario a partir de nuevos ajustes sobre el gasto público. Pero como los hechos se empeñan en demostrar, se trata de un enfoque como mínimo equivocado. El problema fiscal en España no es de gasto, sino de ingresos. La presión tributaria, medida como el porcentaje del total de ingresos fiscales con respecto al PIB, se sitúa a la cola de la UE (38,2% en 2015). Además, el sistema tributario español se ha demostrado especialmente procíclico. Es decir, resulta muy sensible al contexto económico, lo que agrava la situación en época de vacas flacas, como la presente. No en vano entre 2007-2014 España es el país con mayor pérdida de recaudación tributaria (- 9,2%), de nuevo sólo por delante de Grecia.
Este problema de recaudación se evidencia asimismo con el hecho de que la tributación sobre la renta mantiene uno de los tipos máximos más elevados del continente, mientras que su recaudación efectiva está por debajo del promedio tanto de la UE como de la eurozona. Al mismo tiempo, en torno a un 70% de la recaudación total a las Arcas del Estado proceden de rentas del trabajo. Se recauda poco y mal en términos de eficiencia y se recauda mal en términos de justicia y progresividad fiscal.
La decisión política de fijar como prioridad el equilibrio presupuestario y hacerlo, además, a partir de un ajuste del gasto se presenta como un criterio técnico, escondiendo con ello el criterio político subyacente. España no puede aspirar a mantener siquiera su deteriorado Estado de bienestar con una capacidad recaudatoria equivalente a la de Bulgaria. Toca elegir. O se preserva y desarrolla el Estado de bienestar actual, o se desmonta. Y si se opta, como el actual gobierno central en funciones defiende, por mayores recortes de gasto, lo que se plantea en realidad sin decirlo es revertir las conquistas sociales logradas hasta ahora.
En el ámbito concreto de Castilla-La Mancha, la merma de ingresos tiene una notable incidencia sobre la región, dado que con el sistema de financiación actual nuestra Comunidad depende esencialmente de las entregas a cuenta desde la Administración central. Así pues, ante un desplome de los ingresos fiscales estatales, Castilla-La Mancha ve mermados sobremanera sus recursos disponibles. Esto es especialmente grave en nuestra región dada la situación de mayor pobreza relativa y nivel de desempleo, amén de un modelo productivo especialmente sensible a cambios de ciclo económico. Pero además, rasgos específicos como son su vasta extensión geográfica, su envejecimiento poblacional y su alta dispersión demográfica, representan un encarecimiento relativo en la prestación de servicios públicos esenciales.
Este hecho se ha tratado de cubrir mediante la agregación de toda una serie de fondos estatales, que sin terminar de solventar el problema de financiación autonómica (en parte porque también es un problema estatal), han logrado que el propio sistema de financiación autonómica sea más complejo y enrevesado si cabe. Así pues, el verdadero déficit de nuestra región, la brecha entre necesidades básicas de Castilla-La Mancha y su capacidad de financiarlas, se ensancha. Hasta 2015 el diagnóstico y la receta seguidos en esta Comunidad ha sido el mismo que a escala estatal: considerar que había un problema de exceso de gasto. Los hechos, no obstante, contradicen este diagnóstico. De 2007 a 2015 la deuda pública per cápita en Castilla-La Mancha se ha incrementado en un 731%, sin que el gasto haya aumentado ni mucho menos en tal proporción. El dato muestra todo lo contrario. Es decir, el problema consiste en una carencia estructural de financiación, subsanada hasta ahora de la peor manera: incremento de la deuda pública y recortes en gasto social.
Desde el punto de vista del modelo tributario autonómico en Castilla-La Mancha se da la paradoja de que esta falta de financiación convive con uno de los tipos máximos del IRPF más generosos para las rentas más altas, sólo superados a la baja por Madrid y Castilla y León. Al respecto, cabe destacar la mejora, aunque parcial, limitada por ahora a la tributación sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que han visto mejorada su progresividad. Pero continúa pendiente una mejor progresividad en el impuesto sobre la renta. Para 2016 el modelo de IRPF para Castilla-La Mancha es el que presenta un menor número de tramos de todas las Comunidades Autónomas con régimen fiscal común. Esto afecta negativamente a la progresividad fiscal, al impedir definir una carga fiscal diferenciada para capacidades de pago igualmente distintas, de modo que algunas rentas se vean sobrecargadas mientras otras aportan menos de lo que les correspondería.
Por último, cabe señalar que la gestión tributaria de esta región se ve dificultada por una competencia fiscal a la baja desleal practicada en especial por la vecina Comunidad de Madrid. Este “dumping” fiscal supone una fuga de rentas y empresas para nuestra región que merma aún más su recaudación, sin que Castilla-La Mancha tenga recursos para competir en igualdad de condiciones con la Comunidad donde se ubica la capital de España. Tales prácticas vulneran los principios básicos de cohesión y solidaridad interterritorial. El modelo territorial no puede estar basado en la insolidaridad entre quienes, se suponía, comparten un proyecto común.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
Implementar a la mayor brevedad posible las reformas necesarias en el Impuesto sobre el Patrimonio y el tramo autonómico del IRPF con el objetivo de mejorar su progresividad, de manera que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Constitución española. Tales reformas irán encaminadas revisar al alza el número de tramos del IRPF y a la baja el mínimo exento del impuesto sobre el patrimonio. De igual modo se revisará el actual régimen de deducciones para eliminar aquéllas que puedan deteriorar la progresividad en el impuesto.
SEGUNDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a:
1. Establecer mecanismos necesarios para evitar el ‘duming’ fiscal y la competencia desleal entre Comunidades Autónomas y reforzar las vías de cohesión y coordinación que permitan un mejor desempeño conjunto.
2. Realizar una reforma urgente del sistema de financiación vigente, de manera que se permita por una parte garantizar los servicios públicos fundamentales transferidos a las Comunidades Autónomas y, por otra parte, incluir adecuadamente en los criterios de financiación aspectos como la dispersión poblacional y los recursos necesarios para revertir la despoblación de zonas rurales.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 2
La violencia machista es mucho más que los asesinatos, golpes y agresiones. Es económica, psicológica, simbólica, sexual… El machismo se apoya en un sistema patriarcal cuyas raíces encontramos en nuestras vidas cotidianas y en todos los ámbitos: la brecha salarial entre hombres y mujeres, el miedo a volver solas a casa, la presión de la publicidad sobre los cuerpos de las mujeres, que su palabra se escuche menos que la de los hombres, que se cuestione su capacidad para decidir, que haya quienes se crean con el derecho a entrometerse en sus vidas, su autonomía y su sexualidad…
La igualdad entre hombres y mujeres y la erradicación de la violencia machista en todas sus formas son condiciones indispensables para construir una sociedad plenamente libre y democrática. El pasado 7 de noviembre miles de personas de todo el país participamos en una manifestación feminista multitudinaria y sin precedentes que reclamaba poner fin a la violencia machista. Este verano se ha dado también un importante paso en la concienciación y movilización de la sociedad contra las agresiones y comportamientos machistas en los festejos populares. Para avanzar, debemos visibilizar todas las formas de violencia machista y plasmarlas en nuestra legislación para poder actuar sobre ellas, conforme al Convenio de Estambul, firmado por España.
En los últimos tiempos las políticas públicas en materia de igualdad en general, y contra la violencia machista en particular, se han visto seriamente dañadas por los recortes presupuestarios y las políticas de austeridad. Hemos asistido a un progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad, lo que ha repercutido negativamente en los derechos humanos de las mujeres y, por tanto, en nuestro sistema democrático. En Castilla-La Mancha se impusieron drásticos recortes a las políticas de igualdad a partir de 2012 bajo el anterior Gobierno regional, siendo que el actual Gobierno parece que pretende asentarse cómodamente sobre estos recortes.
El borrador de la nueva Ley para una sociedad libre de violencia de género en Castilla-La Mancha supone algunos avances respecto de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de prevención de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas, pero presenta también importantes carencias que resultan preocupantes. Se considera un rango más amplio de ámbitos y formas de violencia machista, pero no se incluyen, por ejemplo, ciertos tipos de violencia en el ámbito laboral o la violencia contra los derechos sexuales y reproductivos. Se contempla la garantía habitacional para mujeres víctimas de violencia machista, pero no se garantiza la inmediatez, que es un aspecto crítico, y hay casos documentados de hasta dos años de espera. Se incrementan las ratios de población por cada centro de la mujer, consolidando el cierre de centros y el recorte de servicios particularmente en los municipios de menor población, lo que implica un deterioro en la calidad de la atención y una discriminación en el ejercicio de derechos que perjudica a las mujeres de los pueblos y el medio rural. No se establece una definición y estructura de la red de atención y del catálogo mínimo de recursos y servicios obligados por la ley, a diferencia de otras leyes autonómicas. Un importante retroceso respecto de la ley anterior es que en este borrador no se especifica que la gestión de servicios deba ser pública y directa, lo que abre la puerta también aquí a la externalización y privatización de servicios. No se contemplan mecanismos de coordinación entre acciones ni de evaluación de su impacto real mediante indicadores de eficiencia y eficacia, para lo cual no basta con memorias de ejecución.
Por otra parte, resulta decepcionante que se siga hablando de violencia de género en lugar de violencia machista. La expresión “violencia de género” alimenta la interpretación errónea de que hay una violencia bidireccional entre géneros y no facilita concienciar y movilizar al conjunto de la sociedad. Sin embargo, la expresión “violencia machista” permite señalar y visibilizar el problema real, que es que las mujeres sufren violencia por el hecho de serlo, y facilita movilizar al conjunto de la sociedad contra el machismo y el sistema patriarcal.
Vivimos en una sociedad desigual, no sólo porque es una sociedad patriarcal, sino también porque es una sociedad específicamente heteropatriarcal. Debemos luchar no sólo para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también para la igualdad y el respeto a todas las formas de sentir y amar y, por tanto, para garantizar la plena igualdad de derechos también para el colectivo LGTBI. Para ello, debe desarrollarse una marcho legislativo adecuado que garantice la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad afectivo-sexual.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Elaborar, a partir del diálogo con el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres, una ley contra la violencia machista que contemple todos los ámbitos y formas de la violencia machista, que garantice una atención igualitaria y de calidad a todas las mujeres y que apueste claramente por la gestión pública y directa de los recursos y servicios.
2. Elaborar, a partir del diálogo con el movimiento y las asociaciones del colectivo LGTBI, una ley de diversidad afectivo-sexual que garantice la igualdad de derechos del colectivo y el respeto a todas las identidades y orientaciones afectivo-sexuales.
3. Reprobar públicamente los comportamientos y agresiones machistas y LGTBIfóbicos, con particular atención a los que se producen durante la celebración de festejos populares
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3
En los últimos años se ha producido un encarecimiento de los medios de producción en el sector de la agricultura, particularmente en los costes energéticos (combustible y electricidad), y un declive en los precios pagados a los productores, acompañado por una diferencia creciente respecto de los precios pagados por los consumidores. Ello denota graves disfunciones en la cadena alimentaria provocadas por la desregulación de los mercados y la posición dominante de las grandes empresas procesadoras y distribuidoras en detrimento de productores y consumidores. Esta disfunción alimenta la desigualdad, genera pérdida de renta agraria y empuja a los pequeños productores a abandonar el sector agrícola y el medio rural.
Los acuerdos comerciales TTIP, CETA y TISA responden a un intento de las grandes empresas transnacionales de profundizar la lógica neoliberal de la desregulación y la privatización de bienes, servicios y recursos comunes; eliminar cualquier barrera legal o reglamentaria en materia de protección social, medioambiental o sanitaria que pueda suponer un límite para su acumulación de beneficios; y proporcionarse garantías que las situarían directamente por encima de la soberanía de los Estados y los pueblos. Estos acuerdos representan una grave amenaza particularmente para las Denominaciones de Origen, que permiten reconocer la calidad diferenciada de nuestros productos agroalimentarios, proporcionan una ventaja comparativa en el mercado nacional e internacional y constituyen un importante factor de desarrollo regional y local.
La agricultura ecológica es un sector estratégico para el desarrollo sostenible de nuestra región del que forman parte más de 6.000 productores, además de transformadores, distribuidores, vendedores y consumidores. Es un sector de interés público por los beneficios generales que produce: reduce el consumo de agua y evita su contaminación por agroquímicos, restituye la materia orgánica a los suelos, favorece la recuperación y mantenimiento de la biodiversidad y además produce alimentos más sanos y nutritivos y de mayor calidad. Forma parte fundamental del modelo de desarrollo sostenible que debemos impulsar, es de hecho un sector emergente en toda Europa y es comercialmente viable si se apuesta por su impulso y si se establecen normativas y regulaciones adecuadas. Pese a la importancia de este sector, se ha impuesto un recorte de en torno al 70% en las ayudas a la agricultura ecológica. Esto puede suponer la ruina de más de 4.000 familias de agricultores y agricultoras que realizaron sus inversiones con un compromiso de 5 años de permanencia y con unas expectativas de amortización de las inversiones en función de las primas establecidas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural trató de cerrar el conflicto mediante un acuerdo con algunas organizaciones agrarias que modificaba ligeramente las primas a la agricultura ecológica. Este acuerdo se realizó de forma apresurada por las circunstancias y trató de cerrar en falso un conflicto que sigue abierto y que está lejos de haberse solucionado. Un buen acuerdo requiere tiempo y diálogo con todo el sector y no puede lograrse sin contar con las organizaciones y plataformas específicas de la agricultura ecológica.
La despoblación y el subdesarrollo del mundo rural constituyen problemas particularmente agudos en Castilla-La Mancha, pues es una región eminentemente rural que comprende zonas con densidades de población de las más bajas de Europa. La despoblación rural en Castilla-La Mancha no se debe a factores geográficos o climáticos, sino a causas políticas que tienen su origen en un desequilibrio histórico. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y el Real Decreto 752/2010 representaron un primer paso en el abordaje de este problema, pero desde entonces no se han producido mayores avances. Los Programas de Desarrollo Rural y los fondos europeos representan también una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo rural en nuestra región, pero hasta ahora no han producido los resultados esperados porque las ayudas se han traducido en muchos casos en medidas aisladas en lugar de en planes integrales con medidas transversales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Implementar los mecanismos de regulación necesarios para reducir las grandes diferencias entre precios de origen y destino y revertir la desigualdad creciente en la distribución del ingreso en el campo, aplicando con rigor la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y creando un organismo autonómico eficaz para la vigilancia, denuncia y sanción de malas prácticas y comportamientos abusivos por parte de las grandes empresas procesadoras y distribuidoras.
2. Defender las Denominaciones de Origen de nuestros productos agroalimentarios y declarar, por tanto, a la Comunidad de Castilla-La Macha como región opuesta a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA).
3. Modificar el Programa de Desarrollo Rural para establecer una financiación acordada con las organizaciones y plataformas representativas de la agricultura ecológica que permita la viabilidad de este sector en Castilla-La Mancha.
4. Reactivar y poner en marcha en el ámbito de Castilla-La Mancha la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, particularmente su plan de desarrollo integral por sexenios y comarcas, recogido también en el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, referido a dicha ley.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4
En los últimos meses, la región de Castilla-La Mancha se ha visto inmersa en varios desastres ecológicos, como el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña o el incendio de una planta de residuos en Chiloeches, que han puesto de manifiesto de forma dramática que el actual modelo de gestión de residuos no funciona. Este modelo depredador e insostenible ha sido propiciado por la desregulación y los recortes en políticas medioambientales, que han facilitado que empresas irresponsables operen con total impunidad. Para cambiar este modelo deben darse pasos decididos para avanzar hacia una economía circular que integre la gestión sobre los residuos en los procesos productivos y se oriente a su reducción y reciclaje; implementar cambios normativos que aseguren la trazabilidad y responsabilidad empresarial sobre los residuos; y constituir organismos públicos capaces que garanticen la supervisión, la inspección y el control efectivo sobre la gestión de los residuos.
Los vertidos de amianto junto al barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo constituyen un problema ambiental y de salud pública igualmente preocupante. En el año 2004, la Asociación de Vecinos El Tajo alertó a la Consejería de Agricultura de la existencia de vertidos incontrolados e ilegales de amianto en la zona del arroyo Ramabujas y parcelas colindantes, procedentes de la fábrica desmantelada de Ibertubo. Los vertidos de amianto se encuentran a tan sólo 300 metros de un barrio poblado por más de 22.000 personas, y en las proximidades de una ciudad que alberga a más de 80.000. Debe tenerse en cuenta que los científicos y médicos alertan de que no existen unos niveles mínimos de seguridad en la exposición al amianto –tolerancia cero-, por lo que la convivencia de miles de personas y miles de toneladas de amianto en una zona tan reducida es sin duda una verdadera “bomba de relojería” que es urgente desactivar. En este sentido, cabe señalar que la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, contempla, entre los residuos peligrosos, los procedentes de la transformación del amianto. Cabe también señalar que, en virtud del artículo 32.7 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la protección del medio ambiente se encuentra entre las competencias de la Junta de Comunidades.
Los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real representan otro problema medioambiental y social de gran trascendencia. El anterior gobierno regional y el actual han otorgado permisos de investigación para 10 proyectos mineros en la provincia de Ciudad Real que abarcan en conjunto un total de 27.300 hectáreas, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol, todo ello sin informar ni consultar a la ciudadanía y sin que figurase en sus respectivos programas electorales. Este tipo de minería extensiva representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona. Tanto es así que todas las organizaciones y plataformas agrarias, ecologistas y ciudadanas se han opuesto unánimemente a estos proyectos y las Cortes regionales aprobaron la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en el Debate General, relativo a la minería de tierras raras en la región, celebrado en la sesión Plenaria del día 19 de mayo de 2016. Por su parte, ciertos organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear y la Confederación Hidrográfica del Guadiana han emitido informes negativos y la propia Defensora del Pueblo ha iniciado una investigación al respecto, indicando específicamente que el informe negativo de la Confederación Hidrográfica es suficiente para archivar los proyectos afectados. Se han puesto de manifiesto además los vínculos entre la minería de tierras raras y empresarios afines al ex–presidente del Gobierno D. Felipe González y a D. Juan Luis Cebrián que aparecen en los ‘Papeles de Panamá’.
Nuestra región sufre también desde hace tiempo un importante problema de escasez y deterioro de la calidad del agua. La polución por vertidos y agroquímicos, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la imposición de constantes trasvases sin respetar caudales ecológicos ni usos prioritarios y el cambio climático han agravado este problema. La política hidráulica del Gobierno central, particularmente los Planes Hidrológicos y el Memorándum del Tajo, ha resultado nefasta para Castilla-La Mancha y ha recibido un severo varapalo con la aprobación del Informe sobre el Tajo aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Frente a esa política, debe avanzarse, mediante el diálogo y el acuerdo interterritorial, hacia una gestión integral del agua como bien público y derecho social que apueste decididamente por alternativas a los trasvases en Levante como las desaladoras y que garantice el respeto a caudales ecológicos y usos prioritarios. El agua debe utilizarse prioritariamente para beber y regar, no para campos de golf o complejos turísticos de lujo en Levante ni para minería de tierras raras en Castilla-La Mancha.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Constituir un órgano regional de cooperación técnica y colaboración en materia de Gestión de Residuos Peligrosos que tenga entre sus funciones la coordinación entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de residuos; el análisis de la aplicación de la normativa en materia de residuos y sus repercusiones ambientales, sanitarias, sociales y económicas; y la facilitación de una actuación ágil y eficaz en la prevención y el control de emergencias ecológicas.
2. Proceder inmediatamente a la retirada completa de todos los residuos de amianto ubicados en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, incluyendo los que se encuentran en fincas privadas, en condiciones de seguridad para los trabajadores involucrados en las labores de limpieza y descontaminación y para la población del barrio, conforme al plan de trabajo elaborado previamente. Estas actuaciones deben ser independientes de las posteriores acciones que las administraciones emprendan contra los responsables de los vertidos, a fin de resarcir a la Hacienda pública de los gastos derivados de las operaciones de descontaminación y recuperación ambiental a que hubiera lugar.
3. Llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica conjunta de todos los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real y proceder al archivo inmediato de los expedientes afectados por informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
SEGUNDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a:
1. Elaborar, a partir del diálogo con el movimiento feminista y las asociaciones de mujeres, una ley contra la violencia machista que contemple todos los ámbitos y formas de la violencia machista, que garantice una atención igualitaria y de calidad a todas las mujeres y que apueste claramente por la gestión pública y directa de los recursos y servicios.
2. Elaborar, a partir del diálogo con el movimiento y las asociaciones del colectivo LGTBI, una ley de diversidad afectivo-sexual que garantice la igualdad de derechos del colectivo y el respeto a todas las identidades y orientaciones afectivo-sexuales.
3. Reprobar públicamente los comportamientos y agresiones machistas y LGTBIfóbicos, con particular atención a los que se producen durante la celebración de festejos populares
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 3
En los últimos años se ha producido un encarecimiento de los medios de producción en el sector de la agricultura, particularmente en los costes energéticos (combustible y electricidad), y un declive en los precios pagados a los productores, acompañado por una diferencia creciente respecto de los precios pagados por los consumidores. Ello denota graves disfunciones en la cadena alimentaria provocadas por la desregulación de los mercados y la posición dominante de las grandes empresas procesadoras y distribuidoras en detrimento de productores y consumidores. Esta disfunción alimenta la desigualdad, genera pérdida de renta agraria y empuja a los pequeños productores a abandonar el sector agrícola y el medio rural.
Los acuerdos comerciales TTIP, CETA y TISA responden a un intento de las grandes empresas transnacionales de profundizar la lógica neoliberal de la desregulación y la privatización de bienes, servicios y recursos comunes; eliminar cualquier barrera legal o reglamentaria en materia de protección social, medioambiental o sanitaria que pueda suponer un límite para su acumulación de beneficios; y proporcionarse garantías que las situarían directamente por encima de la soberanía de los Estados y los pueblos. Estos acuerdos representan una grave amenaza particularmente para las Denominaciones de Origen, que permiten reconocer la calidad diferenciada de nuestros productos agroalimentarios, proporcionan una ventaja comparativa en el mercado nacional e internacional y constituyen un importante factor de desarrollo regional y local.
La agricultura ecológica es un sector estratégico para el desarrollo sostenible de nuestra región del que forman parte más de 6.000 productores, además de transformadores, distribuidores, vendedores y consumidores. Es un sector de interés público por los beneficios generales que produce: reduce el consumo de agua y evita su contaminación por agroquímicos, restituye la materia orgánica a los suelos, favorece la recuperación y mantenimiento de la biodiversidad y además produce alimentos más sanos y nutritivos y de mayor calidad. Forma parte fundamental del modelo de desarrollo sostenible que debemos impulsar, es de hecho un sector emergente en toda Europa y es comercialmente viable si se apuesta por su impulso y si se establecen normativas y regulaciones adecuadas. Pese a la importancia de este sector, se ha impuesto un recorte de en torno al 70% en las ayudas a la agricultura ecológica. Esto puede suponer la ruina de más de 4.000 familias de agricultores y agricultoras que realizaron sus inversiones con un compromiso de 5 años de permanencia y con unas expectativas de amortización de las inversiones en función de las primas establecidas. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural trató de cerrar el conflicto mediante un acuerdo con algunas organizaciones agrarias que modificaba ligeramente las primas a la agricultura ecológica. Este acuerdo se realizó de forma apresurada por las circunstancias y trató de cerrar en falso un conflicto que sigue abierto y que está lejos de haberse solucionado. Un buen acuerdo requiere tiempo y diálogo con todo el sector y no puede lograrse sin contar con las organizaciones y plataformas específicas de la agricultura ecológica.
La despoblación y el subdesarrollo del mundo rural constituyen problemas particularmente agudos en Castilla-La Mancha, pues es una región eminentemente rural que comprende zonas con densidades de población de las más bajas de Europa. La despoblación rural en Castilla-La Mancha no se debe a factores geográficos o climáticos, sino a causas políticas que tienen su origen en un desequilibrio histórico. La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural y el Real Decreto 752/2010 representaron un primer paso en el abordaje de este problema, pero desde entonces no se han producido mayores avances. Los Programas de Desarrollo Rural y los fondos europeos representan también una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo rural en nuestra región, pero hasta ahora no han producido los resultados esperados porque las ayudas se han traducido en muchos casos en medidas aisladas en lugar de en planes integrales con medidas transversales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Implementar los mecanismos de regulación necesarios para reducir las grandes diferencias entre precios de origen y destino y revertir la desigualdad creciente en la distribución del ingreso en el campo, aplicando con rigor la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y creando un organismo autonómico eficaz para la vigilancia, denuncia y sanción de malas prácticas y comportamientos abusivos por parte de las grandes empresas procesadoras y distribuidoras.
2. Defender las Denominaciones de Origen de nuestros productos agroalimentarios y declarar, por tanto, a la Comunidad de Castilla-La Macha como región opuesta a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) y Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA).
3. Modificar el Programa de Desarrollo Rural para establecer una financiación acordada con las organizaciones y plataformas representativas de la agricultura ecológica que permita la viabilidad de este sector en Castilla-La Mancha.
4. Reactivar y poner en marcha en el ámbito de Castilla-La Mancha la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, particularmente su plan de desarrollo integral por sexenios y comarcas, recogido también en el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, referido a dicha ley.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 4
En los últimos meses, la región de Castilla-La Mancha se ha visto inmersa en varios desastres ecológicos, como el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña o el incendio de una planta de residuos en Chiloeches, que han puesto de manifiesto de forma dramática que el actual modelo de gestión de residuos no funciona. Este modelo depredador e insostenible ha sido propiciado por la desregulación y los recortes en políticas medioambientales, que han facilitado que empresas irresponsables operen con total impunidad. Para cambiar este modelo deben darse pasos decididos para avanzar hacia una economía circular que integre la gestión sobre los residuos en los procesos productivos y se oriente a su reducción y reciclaje; implementar cambios normativos que aseguren la trazabilidad y responsabilidad empresarial sobre los residuos; y constituir organismos públicos capaces que garanticen la supervisión, la inspección y el control efectivo sobre la gestión de los residuos.
Los vertidos de amianto junto al barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo constituyen un problema ambiental y de salud pública igualmente preocupante. En el año 2004, la Asociación de Vecinos El Tajo alertó a la Consejería de Agricultura de la existencia de vertidos incontrolados e ilegales de amianto en la zona del arroyo Ramabujas y parcelas colindantes, procedentes de la fábrica desmantelada de Ibertubo. Los vertidos de amianto se encuentran a tan sólo 300 metros de un barrio poblado por más de 22.000 personas, y en las proximidades de una ciudad que alberga a más de 80.000. Debe tenerse en cuenta que los científicos y médicos alertan de que no existen unos niveles mínimos de seguridad en la exposición al amianto –tolerancia cero-, por lo que la convivencia de miles de personas y miles de toneladas de amianto en una zona tan reducida es sin duda una verdadera “bomba de relojería” que es urgente desactivar. En este sentido, cabe señalar que la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, contempla, entre los residuos peligrosos, los procedentes de la transformación del amianto. Cabe también señalar que, en virtud del artículo 32.7 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la protección del medio ambiente se encuentra entre las competencias de la Junta de Comunidades.
Los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real representan otro problema medioambiental y social de gran trascendencia. El anterior gobierno regional y el actual han otorgado permisos de investigación para 10 proyectos mineros en la provincia de Ciudad Real que abarcan en conjunto un total de 27.300 hectáreas, el equivalente a casi 50.000 campos de fútbol, todo ello sin informar ni consultar a la ciudadanía y sin que figurase en sus respectivos programas electorales. Este tipo de minería extensiva representa una grave amenaza para el abastecimiento y la calidad del agua, para la salud pública, para el medio ambiente y para la agricultura y las actividades productivas de la zona. Tanto es así que todas las organizaciones y plataformas agrarias, ecologistas y ciudadanas se han opuesto unánimemente a estos proyectos y las Cortes regionales aprobaron la resolución presentada por el Grupo Parlamentario Podemos en el Debate General, relativo a la minería de tierras raras en la región, celebrado en la sesión Plenaria del día 19 de mayo de 2016. Por su parte, ciertos organismos como el Consejo de Seguridad Nuclear y la Confederación Hidrográfica del Guadiana han emitido informes negativos y la propia Defensora del Pueblo ha iniciado una investigación al respecto, indicando específicamente que el informe negativo de la Confederación Hidrográfica es suficiente para archivar los proyectos afectados. Se han puesto de manifiesto además los vínculos entre la minería de tierras raras y empresarios afines al ex–presidente del Gobierno D. Felipe González y a D. Juan Luis Cebrián que aparecen en los ‘Papeles de Panamá’.
Nuestra región sufre también desde hace tiempo un importante problema de escasez y deterioro de la calidad del agua. La polución por vertidos y agroquímicos, la sobreexplotación de los recursos hídricos, la imposición de constantes trasvases sin respetar caudales ecológicos ni usos prioritarios y el cambio climático han agravado este problema. La política hidráulica del Gobierno central, particularmente los Planes Hidrológicos y el Memorándum del Tajo, ha resultado nefasta para Castilla-La Mancha y ha recibido un severo varapalo con la aprobación del Informe sobre el Tajo aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Frente a esa política, debe avanzarse, mediante el diálogo y el acuerdo interterritorial, hacia una gestión integral del agua como bien público y derecho social que apueste decididamente por alternativas a los trasvases en Levante como las desaladoras y que garantice el respeto a caudales ecológicos y usos prioritarios. El agua debe utilizarse prioritariamente para beber y regar, no para campos de golf o complejos turísticos de lujo en Levante ni para minería de tierras raras en Castilla-La Mancha.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
PRIMERO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Constituir un órgano regional de cooperación técnica y colaboración en materia de Gestión de Residuos Peligrosos que tenga entre sus funciones la coordinación entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de residuos; el análisis de la aplicación de la normativa en materia de residuos y sus repercusiones ambientales, sanitarias, sociales y económicas; y la facilitación de una actuación ágil y eficaz en la prevención y el control de emergencias ecológicas.
2. Proceder inmediatamente a la retirada completa de todos los residuos de amianto ubicados en el barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, incluyendo los que se encuentran en fincas privadas, en condiciones de seguridad para los trabajadores involucrados en las labores de limpieza y descontaminación y para la población del barrio, conforme al plan de trabajo elaborado previamente. Estas actuaciones deben ser independientes de las posteriores acciones que las administraciones emprendan contra los responsables de los vertidos, a fin de resarcir a la Hacienda pública de los gastos derivados de las operaciones de descontaminación y recuperación ambiental a que hubiera lugar.
3. Llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica conjunta de todos los proyectos de minería de tierras raras en la provincia de Ciudad Real y proceder al archivo inmediato de los expedientes afectados por informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
SEGUNDO.- Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de España a:
Derogar el Memorándum del Tajo y acatar el Informe sobre el Tajo aprobado por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, lo que implica la retirada del Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo, el establecimiento y respeto de caudales ecológicos y el planteamiento de una gestión del agua acorde con la Directiva Marco del Agua.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 5
La política educativa es un instrumento de primer orden, una herramienta esencial de desarrollo personal, cultural y social. Para tal fin, el grupo parlamentario de Podemos-Castilla-La Mancha defiende una educación pública de calidad, universal y laica, que asegure la igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía, que potencie el desarrollo del talento personal, que persiga la emancipación del individuo y que refuerce el desarrollo de una actitud crítica y activa en el conjunto de la sociedad. Por este motivo, es necesario entender que la inversión en educación no es un gasto, sino la mayor apuesta que el estado puede hacer para garantizar la igualdad de derecho y la meritocracia y, como consecuencia, potenciar el carácter democrático de nuestra sociedad.
Entendemos que es necesario colocar las instituciones educativas, en todos sus niveles, al servicio de la ciudadanía, dando voz y sirviendo de altavoz de las demandas y necesidades de toda la comunidad educativa: desde los estudiantes hasta sus familias, a los colectivos de docentes, desde las asociaciones de estudiantes hasta las organizaciones sindicales, etc.
Alcanzar un sistema educativo completamente público y de calidad que atienda a la igualdad de oportunidades sociales es, para nosotros, tanto un principio como un objetivo irrenunciable. Por ello, pensamos que debemos implementar políticas que hagan frente a la mayor amenaza que se cierne hoy día sobre el sistema educativo: los procesos de mercantilización y de privatización del sistema educativo en todos sus niveles.
En este sentido, la atonía del gobierno regional, su falta de ambición de cara a alcanzar dicha orientación, así como la carencia de un modelo educativo claro y ambicioso aplicable en Castilla-La Mancha explican tanto la falta de medidas políticas de cambio en la Consejería de Educación como la realidad que se vive en los centros. La tibieza o inacción de este Gobierno se traduce en un continuismo de las políticas llevadas a cabo en la pasada legislatura.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Ampliar las plantillas de profesorado en los centros educativos de la región hasta llegar a las ratios profesor/alumno del curso 2010/2011, mediante la aprobación de una ambiciosa oferta de empleo público que cubra al menos el 50% de las jubilaciones producidas durante los últimos años en el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se dará prioridad a la mejora de los servicios educativos públicos y que permitiría entre otras cosas:
a. La reducción de las horas lectivas del profesorado.
b. Recuperar todos los apoyos en infantil.
c. Abrir todas las Escuelas Rurales a partir de 5 alumnos.
d. Dotar a los centros educativos de profesorado de apoyo para atender adecuadamente las necesidades de aprendizaje del alumnado.
e. Garantizar los refuerzos, desdobles y apoyos necesarios en horario lectivo como mayor garantía de igualdad y eficiencia del sistema.
f. Establecer un modelo de selección de interinos que prime la calidad de enseñanza por encima de criterios academicistas.
2. Recuperar el 6% del PIB como horizonte de inversión para el sistema público educativo regional.
3. Hacer efectiva la congelación presupuestaria para los centros privados concertados y la paulatina reducción de los mismos.
4. Aplicar un ajuste de las horas de religión en primaria al mínimo establecido por la LOMCE.
5. Diseñar e implementar un nuevo plan de plurilingüismo que no suponga una imposición para los centros, sino que permita y apoye solo a aquellos centros que quieran desarrollar proyectos bilingües.
6. Desarrollar la normativa necesaria para que se regule el trabajo de los departamentos de orientación y el trabajo de atención a la diversidad del alumnado con necesidades educativas especiales como medio para evitar el fracaso escolar y promocionar la igualdad de oportunidades.
7. Diseñar medidas de promoción de la igualdad de oportunidades como:
a. Recuperación del Programa de Gratuidad de los libros de texto, sustituyendo estos últimos, de manera paulatina, por materiales digitales.
b. Diseñar e implementar un sistema de ayudas al estudio y becas (de material y de libros de texto) que garantice una igualdad real de oportunidades para todos los niveles educativos dirigido al alumno más desfavorecido.
c. Reforzar (con su apertura en períodos vacacionales) los servicios existentes de comedor de las escuelas infantiles, colegios de primaria e institutos de secundaria, aumentando el número de plazas gratuitas con servicio de comedor y revisar hacia una evaluación más favorable los baremos de acceso a becas, especialmente para familias con especiales dificultades económicas o en riesgo de exclusión social.
d. Poner en marcha un Programa de Becas de Comedor/desayunos escolares de la Consejería de Educación, y en colaboración con los Ayuntamientos y los centros educativos, ofreciendo el servicio de manera gratuita a aquellas familias que se encuentren en situación social y económicamente desfavorecida.
e. Recuperar y reforzar las escuelas y aulas de adultos en colaboración con las entidades locales.
f. Ampliar y desdoblar las rutas de transporte escolar, para todo el alumnado que curse estudios fuera de su localidad, donde los tiempos de recorrido no sean una carga para el alumnado y garantizando en todo caso la gratuidad en enseñanzas obligatorias, así como, para Educación Infantil, Formación Profesional y Bachillerato.
g. Garantizar el mantenimiento de una red de Escuelas Infantiles que permita a los menores de 0 a 3 años ejercer su derecho a ser escolarizados cuando así lo demandan sus familias con carácter universal y gratuito.
8. Poner en marcha la firma de un nuevo Pacto de Interinos junto a las organizaciones sindicales en el que se establezca un nuevo marco regulador adaptado a la nueva realidad política y socioeconómica de la región, acuerdo superador del actualmente existente, que contemple entre otras cosas:
a. Las modificaciones normativas oportunas para que todo el profesorado en régimen de interinidad de los centros públicos no universitarios de Castilla-La Mancha que obtenga vacante anual o preste sus servicios durante cinco meses y medio o más en el curso escolar reciba las correspondientes retribuciones en los meses de verano, así como el subsiguiente reconocimiento de tiempo de servicio por ese periodo.
b. Garantizar, a través de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2017, la partida necesaria para restablecer el cobro íntegro del verano al personal docente interino no universitario dependiente de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que preste sus servicios durante al menos cinco meses y medio en un mismo curso escolar.
c. Establecer los mecanismos necesarios para computar la experiencia docente y méritos al profesorado interino que haya prestado sus servicios durante cinco meses y medio o más durante los últimos cinco cursos escolares (2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 y 2015/2016), evitando así la discriminación de nuestros docentes interinos con respecto a los de otras Comunidades Autónomas.
9. Garantizar unas Enseñanzas Universitarias Públicas de mayor calidad y excelencia en la región, mediante:
a. Un incremento sustancial de al menos 140 millones de euros en las consignaciones presupuestarias destinadas a la UCLM.
b. El incremento del número y cuantía de becas y ayudas para estudiantes universitarios que garanticen que ningún estudiante abandone sus estudios por razones económicas.
c. Puesta en marcha, de manera inmediata, de un programa de ayudas para la retención y el retorno de jóvenes investigadores castellano-manchegos. El programa de ayudas se dividirá en dos modalidades: contratos predoctorales (realización de tesis doctorales) y contratos de investigación para que quienes se encuentran en centros de investigación de fuera de la región puedan desarrollar las mismas en Castilla-La Mancha.
d. Recuperación de la apuesta por la investigación en la UCLM como elemento estratégico de desarrollo económico, tecnológico y científico de la región.
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 6
La salud es uno de los derechos humanos y entendemos que debe ser una cuestión transversal a todas las políticas públicas: empleo, vivienda, alimentación, infraestructuras, educación, justicia, infancia, etc. Sin unas condiciones adecuadas para llevar una vida digna, es imposible mantener niveles adecuados de salud en la ciudadanía. La desigualdad en salud, provocada por la pobreza, es una de las peores desigualdades.
Los ciudadanos tienen derecho a una asistencia sanitaria, en condiciones de igualdad, cuando están enfermos. Asistencia sanitaria que se aseguraba mediante el Sistema Sanitario Público de carácter universal y equitativo, su naturaleza redistributiva al financiarse con impuestos, la accesibilidad para los pacientes, sin barreras económicas ni por razones de edad, sexo o raza, y por ser gratuito en el momento de uso. Además, estaba diseñado como un sistema integral, de tal manera que la atención sanitaria incluía promoción, prevención, curación y rehabilitación de la salud, todo ello articulado desde la Atención primaria como puerta del sistema.
El Sistema Sanitario público, especialmente en Castilla-La Mancha, sufrió en los últimos años un proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatizaciones del que aún no se ha recuperado y que ha supuesto un tremendo retroceso en un servicio básico como es la Sanidad. Además, como consecuencia de todo ello, el sistema sanitario, que cumplía un papel destacado como reductor de las desigualdades sociales y económicas, ha pasado a representar un papel de contribuyente neto al aumento de unas y otras.
La Sanidad en Castilla-La Mancha ha sufrido un importante recorte presupuestario, camas y servicios de urgencias cerrados, despido de miles de trabajadores, precarización del empleo, disminución de salarios, temporalidad; el recorte en las prestaciones y cartera de servicios que condujo inevitablemente a un deterioro de la atención sanitaria, de la salud de la población, aumento de la desigualdad, de especial importancia en una Región con un 30% de personas en situación de pobreza, y al incremento de las listas de espera. La solución fue la privatización de los servicios sanitarios y la generalización de copagos (repagos) que a día de hoy se mantienen.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Realizar de forma urgente un Plan en Castilla-La Mancha de reversión de las Prestaciones sanitarias actualmente externalizadas con la finalidad de poder asumir desde los centros públicos la totalidad de las prestaciones de su cartera como máximo en 2018. A este fin es necesario establecer un Plan de apertura de la red hospitalaria en horario de mañana y tarde lo que supone la apertura del total de camas y el incremento de recursos humanos.
2. Realizar informes exhaustivos y justificativos de cualquier prestación sanitaria con medios ajenos (externalización de pruebas diagnósticas, cirugía, diálisis, etc.) para dar cumplimiento del hasta el momento incumplido acuerdo de información trimestral servicios externalizados, listas de espera y su respectiva publicación en el Portal de Trasparencia.
3. Recuperar la gestión pública de los servicios actualmente externalizados (servicios de mantenimiento y electromedicina, cocina, lavandería, etc.). Incluyendo un Plan para la recuperación de la gestión pública del Trasporte sanitario.
4. Establecer una estrategia de asistencia psicosocial a personas víctimas del proceso de desahucios si no se logra evitar, diseñando e implementado un programa especial para la atención a los y las menores afectados.
5. Establecer un Plan de refuerzo de la Atención Primaria que garantice la adecuación de los tiempos de consulta.
6. Desarrollar un Plan de Asistencia sanitaria Rural que garantice la cobertura de profesionales en la zona rural, las urgencias y el transporte de emergencias adecuándolo a las características de la zona rural.
7. Recuperar la totalidad del personal sanitario perdido en estos años de recortes. Establecer que todas las necesidades de carácter permanente se cubran obligatoriamente con puestos o plazas de carácter estructural.
8. Garantizar la convocatoria de la oferta de Empleo Pública con periodicidad anual.
9. Diseñar e implementar un Plan para recuperar el número de Médicos Residentes al nivel de los formados en nuestra región en los años previos a la anterior legislatura (al menos el 80% en la siguiente convocatoria, adecuándolo a las necesidades reales de especialistas).
10. Replantear radicalmente el modelo de copago de medicamentos para evitar la “pobreza farmacológica” y la disminución de la mortalidad y morbilidad por falta de acceso a los medicamentos necesarios o incumplimiento terapéutico, mediante el reembolso del gasto por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, aumentando el número de tramos atendiendo al nivel de renta, sin penalizar a los trabajadores por cuenta ajena y atendiendo con garantías a los colectivos más vulnerables
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN Nº 7
El empobrecimiento y precarización de las condiciones de vida que sufren las personas y familias en Castilla-La Mancha se ha convertido en una triste evidencia en los últimos años. A día de hoy la ciudadanía de nuestra región cuenta con peores condiciones de vida y peores condiciones de trabajo que hace unos años. Dicha situación se ha traducido en mayores niveles de desigualdad económica, social y cultural, en mayores niveles de desprotección social y, en última instancia, en una menor capacidad de respuesta de los individuos y familias ante las contingencias de la vida cotidiana.
Castilla La Mancha está por debajo de la media nacional en lo que a ingresos medios anuales netos por persona se refiere. Mientras, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en Castilla-La Mancha, que habitualmente se sitúa por encima de la media nacional, ha aumentado desde el 28.8% en 2008 hasta el 36,70% de 2015.
Teniendo en cuenta que las personas y hogares sin ingresos, o con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, las personas y familias que han sido desahuciadas de sus hogares, personas en situación de dependencia y sus cuidadores, las personas con discapacidad, la infancia y los mayores en situaciones de vulnerabilidad y, en definitiva, todas las personas que padecen graves dificultades económicas, sociales y personales deben constituir la prioridad de un gobierno que se pretenda progresista y a favor de la gente.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Podemos presenta para su debate y votación la siguiente
RESOLUCIÓN:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno Regional a:
1. Diseñar e implementar inmediatamente un PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA TODAS LAS FORMAS DE DESIGUALDAD SOCIAL que coordine la acción de distintas Consejerías.
2. Diseñar e implementar, en el marco del citado plan:
a. Un PLAN DE RESCATE Y ALTERNATIVA HABITACIONAL EN CASTILLA- LA MANCHA.
b. un PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA.
c. Diseñar e implementar, antes de que acabe el año 2016, UNA RENTA GARANTIZADA en Castilla-La Mancha.
d. Diseñar e implementar un PLAN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/ DIVERSIDAD FUNCIONAL, que promueva e impulse la vida independiente a través del acceso universal y la asistencia personal y lograr así su plena inclusión en todos los ámbitos de la sociedad (laboral, educativo, social, sanitario, transporte, etc.) de forma real y efectiva en Castilla-La Mancha.
3. Reorientar el PLAN PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, destinado a Entidades públicas y sociales, con el objetivo de:
a. Reforzar el presupuesto de estos programas de integración social (que además de generar miles de puestos de trabajo profesionales en nuestra región, contribuiría a la reducción de la pobreza, el riesgo, el desamparo, la desigualdad y la exclusión social en Castilla-La Mancha.
b. Que las convocatorias PRIS estén publicadas y resueltas antes de cada año natural para que sean efectivas a primeros de año.
4. Aplicar con rigor y celeridad la Ley de Dependencia estableciendo un plan específico para el cumplimiento del plazo de resoluciones de todos los expedientes de dependencia.
5. Impulsar las políticas de Igualdad con dotaciones económicas necesarias para cumplir la Ley de Igualdad de Castilla-La Mancha y la Ley de Prevención de malos tratos de Castilla-La Mancha.
6. Establecer mecanismos para reducir la creciente brecha salarial entre hombres y mujeres en Castilla-La Mancha.
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